Cuestionan decreto supremo

Campesinos en defensa

de la vicuña

La fibra de la vicuña es una de las más caras del mundo, su crianza está en manos de 120 mil familias, pero son las menos favorecidas en un negocio en el que el Estado parece no ser muy responsable.

La norma, dicen sus detractores, fomenta la caza furtiva de este valioso y delicado animal.

En febrero de este año el gobierno publicó el Decreto Supremo 008-2004-AG, en el que, entre otras cosas, se señala que el Estado cederá el uso de la marca Vicuña – Perú y/o Vicuña – Perú – Artesanía, a las empresas transformadoras y comercializadoras de los productos de la fibra de la vicuña, afectando de esta manera, una vez más, a los criadores, que recibirán aún menos dinero que el que ahora reciben por su producto.

El problema de la crianza y conservación de la vicuña, y la explotación y comercialización de su fibra, es muy complejo, pero basta que el Estado dicte normas tan generales como la mencionada, en la que además prácticamente se deshace de una seria responsabilidad, para que el sistema se desequilibre y se ponga en riesgo el patrimonio nacional.

La respuesta de los criadores de vicuña, asociado en empresas comunales, comunidades campesinas y asociaciones de productores, ha sido inmediata. Desde hace algunas semanas están solicitando conversar con el Ministro de Agricultura y el presidente del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos, a fin de exigir la derogatoria del mencionado decreto supremo, pero las respuestas hasta ahora han sido negativas.

Según los campesinos, el decreto 008 permite además que cualquier persona, o empresa, se dedique a la libre comercialización de la fibra de vicuña, encargando la labor más difícil, y delicada, a los campesinos. Esta medida pone en serio riesgo la conservación del auquénido, pues se estaría fomentando la caza furtiva.

De otro lado, a través de un memorial la Sociedad Nacional de la Vicuña, que agrupa a las 120 mil familias criadoras de vicuña, está solicitando al Estado tomar medidas más radicales para proteger a este auquénido, especialmente en la zona sur del país, donde se concentra la mayor parte de su población, en reservas naturales.

El argumento es lógico. Al permitir la libre comercialización, se rompen algunas reglas de adquisición de la fibra, que debe ser negociada entre los productores y los industrializadores, permitiendo el ingreso de intermediarios y la caza furtiva, pues también se podrían evadir los controles de calidad.

Al mismo tiempo, la negociación de independiente entre las comunidades campesinas –dejando de lado a la Sociedad Nacional de la Vicuña, virtualmente desarticulada- y las empresas transnacionales, haría que los precios desciendan a niveles indignos para los criadores.

Pero eso no es todo, el presidente de la Sociedad Nacional de Criadores de Vicuñas del Perú, Guillermo Galvez Mendoza, ha manifestado que el gobierno debería implementar una política moderna de protección y conservación de la vicuña, especie declarada en extinción, que contemple adecuados métodos de manejo y se otorgue presupuesto para la investigación biológica de la vicuña, lo que ayudaría a mejorar la calidad de la fibra y aumentar su población.

Por su parte, Catherine Sahley, de la Asociación para la Investigación y Conservación de la Naturaleza, precisa que mantener un canal de comercialización es importante, porque de esta manera se puede controlar la procedencia del producto, mientras que si hay varios canales, como propone el decreto supremo, habrá mayor libertad para un mal manejo de la fibra, afectando a la industria nacional y el prestigio del país.

Añade que el Estado debería tener también canales abiertos de comunicación e información precios en el mercado, de manera que las comunidades organizadas puedan negociar preciso justos con empresas internacionales, y eliminar de esta manera el monopolio que unas cuantas empresas han mantenido sobre la comercialización en el país.

La Asociación para la Investigación y Conservación de la Naturaleza ha hecho, por su parte, varias observaciones al decreto supremo 008, entre ellas el cuestionamiento a la existencia de dos entidades dedicadas a la conservación de la vicuña, lo que traería solamente duplicidad de esfuerzos y aumento de la burocracia.

Otras observaciones están referidas al problema del acopio de la fibra, pues las comunidades no cuentan con recursos suficientes para instalar adecuados centros de acopio, mientras que las empresas comercializadoras y el propio Estado, no aportan para mejorar esta situación.

A raíz de las normas dictadas por el gobierno, los criadores de vicuñas han emprendido una nueva campaña para hacer respetar sus derechos, campaña que seguramente no va ser fácil, pues la falta de criterio demostrado por los funcionarios del estado y el poder que ejercen las empresas comercializadoras, tendrán que ser los principales obstáculos a vencer.